RSE

La minería concebida como actividad acorde con los principios de la sustentabilidad es un imperativo ético y económico, además de herramienta que contribuye en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las buenas prácticas pueden lograrse a través de estrategias asumidas por mineros, vecinos y autoridades, sobre la base de la información, el diálogo y el acuerdo comunitario. La práctica de la Responsabilidad Social juega un rol importante en esta dirección; complementariamente, algunos lineamientos adicionales de estrategias pueden ser efectivos para las buenas prácticas en la minería.

De todas las industrias, probablemente la minería sea la que más interrogantes crea en la población y más detractores ha forjado en el tiempo. Las malas prácticas mineras, la falta de cuidado ambiental, la irresponsabilidad fiscal y las malas relaciones comunitarias, todas ellas aún presentes en diversos grados y estratos de la actividad minera, han conducido a este criterio que hoy se intenta erradicar desde los planos gubernamentales, empresariales y comunitarios, con la implementación de un conjunto de políticas que llevan a que el ejercicio de la minería de hoy, sea también un compromiso social que eleve el desarrollo de esas comunidades mineras, que presentan condiciones socio-económicas paupérrimas y por consiguiente son comunidades donde el progreso son se asoma.
Dentro de los límites de una operación minera, se puede manejar el hábitat natural en zonas no alteradas para mejorar su valor para la biodiversidad, o se puede restaurar el hábitat que ha sufrido alteraciones históricas (no vinculadas con la minería).
También se puede extender dicha práctica de manejo a la segunda esfera de influencia (la zona de concesión más amplia), que puede ofrecer una oportunidad para conectarse con las iniciativas de conservación en proceso o con las zonas adyacentes protegidas.
Un buen manejo de la biodiversidad puede traer beneficios a las empresas mineras, tales como:
• Mayor confianza y lealtad del inversionista,
• Procesos más reducidos y menos contenciosos para obtención de permisos, como resultados de mejores relaciones con agencias reguladoras,
• Mejores relaciones comunitarias,
• Mejores asociaciones de colaboración con las ONG,
• Mayor motivación para los empleados, y
• Menores riesgos y responsabilidades.